Escribe: Fernando Echeverría Medina – Editor Periodístico.
Muchas expectativas se crearon con la naciente Ley Karin en agosto pasado.
Dicha ley, que trata de la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, que desde su génesis estaba pensada para el sector privado; sin embargo, es aplicable por los servicios públicos, tanto así que la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento de que forma debe aplicarse en el sector público. Se trata de Ley N° 21.643, nace de la lamentable y triste situación vivida por Karen Salgado, una funcionaria pública, técnico en enfermería, quien, tras sufrir un prolongado proceso de acoso laboral, se quitó la vida al no encontrar canales de denuncia, protección y apoyo psicológico adecuados.
Desde un punto de vista muy personal, nadie podría discutir la enorme gravedad que revisten las conductas de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, lo que justificaría sobradamente potenciar jurídicamente esta materia. No obstante, no es menos cierto que esta novedosa reforma legal, en la forma en que se concibió, se posiciona sobre los organismos públicos como una latente y grave amenaza, por la eventual proliferación y malintencionada utilización de las denuncias que pudieren presentarse a su amparo.
También esta la otra cara de la medalla, en donde directores, sostenedores, autoridades, haciendo uso de sus potestades usaron y abusaron de un sistema laboral rayando en brutales acosos y atropellos. Sin ir más lejos en la provincia de Malleco, hubo casos hubo despidos, termino y/o no renovación de contratos por razones políticas.
Un caso que pasó desapercibido, donde una funcionaria durante meses fue víctima de acoso en el sentido que la tenían en la mira para no renovarle en diciembre. Lo que no sabían sus jefes, es que ella presentaba un embarazo de meses (mellizos) y producto de la inestabilidad laboral y psicosis nerviosa, presentó un pérdida. Cuando los jefes se dieron cuenta del error (o delito) cometido, no le hicieron efectivo la carta de no renovación de su contrato. Esto ocurrió acá en Malleco…aquí cerquita.
Desde esta perspectiva la Ley Karin, viene como anillo al dedo, para parar el abuso de muchas autoridades que otrora usaban el sistema de amedrentamiento para que muchos renunciaran, otros que debieron dejar sus fuentes laborales por razones políticas. En síntesis creo que esta ley debe ir acompañada de otra que proteja a aquellos funcionarios que si bien es cierto tiene una buena evaluación son desvinculados y a los días llega otra persona a ocupar su puesto, sin tener ningún mérito para ello. Escúchanos señor te rogamos.
Pero creo que esto es mucha burocracia, cuando realmente haya una sanción ejemplificadora en contra de quienes abusan del personal bajo sus dependencias.