Escribe: Fernando Echeverría – Editor Periodístico
El bullado caso de funcionarios públicos que salieron fuera del país estando con licencia médica y denunciado por la Contraloría General de la República, abre un debate tanto ético como legal cuyo análisis comienza en el estatuto administrativo. Desgraciadamente -en pos- de la transparencia y probidad, el anuncio de algunos alcaldes (como Ñuñoa), no corresponde…o no va a ser así de fácil una destitución y explico porque:
En el caso de las municipalidades, lo primero es dictar el decreto o resolución que dicta el sumario correspondiente. Estos funcionarios tienen derecho a recusar y la administración tiene dos días para resolver la recusación. Acto seguido se le debe tomar declaración al funcionario, después de este procedimiento recién puede venir la formulación de cargos y para los descargos el funcionario tiene 5 días para defenderse y en forma adicional puede pedir prorroga por 5 días más. En todos esos trámites pueden pasar tranquilamente 25 días hábiles.
Ahora si nos ponemos en el siguiente escenario: ¿Si el funcionario confiesa, colabora con la investigación o devuelve el dinero o la licencia esta vigente y no ha sido rechazada?
El punto es que el hecho es muy grave y es posible que hayan destituciones, pero hay que ver cada caso en forma individual. Ahora, ¿Cuántos sumarios que se han llevado a cabo en el municipio han terminado en destitución, toda vez que el fiscal es un funcionario (colega) del sumariado?
